dissabte, 5 de juny de 2004

SALAMANCA, O RANDA

El consell d'administració de l'associació d'arxivers de Castella i Lleó ha redactat i tramès als mitjans el comunicat que transcric una mica més avall. De vegades, sembla que el seny pot arribar a trobar el seu camí fins i tot en la més enverinada de les picabaralles... I és interessant, mirant cap aquí, entre nosaltres que tenim el bonic íntim convenciment de jugar sempre al bàndol dels bons, adonar-se que el que diuen els arxivers castellans al paràgraf vuitè sobre com els arxius i la política arxivística no preocupen a ningú però s'han convertit en arma de combat i moneda de canvi és exactament el mateix que un diria sobre, per exemple, l'Institut Ramon Llull, objecte ara de notícies sens fi, de tertúlies radiofòniques, d'interpel·lacions parlamentàries i tot per part dels que fa vuit dies mai no l'havien trobat a faltar o fins fa quatre dies ja els anava bé que gastés molt per no fer res...


COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE CASTILLA Y LEON (ACAL)
SOBRE LA POLEMICA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.

La Asociación de Archiveros de Castilla y León quiere manifestar su malestar por la polémica suscitada en torno a la documentación del mal llamado Archivo General de la Guerra Civil Española, que es en esencia uno de los archivos de la represión franquista.

La polémica ha sido alimentada con fines electorales por los partidos políticos, utilizando la demagogia y el sentimentalismo, manipulando y engañando al ciudadano, y creando un enfrentamiento irresponsable entre comunidades autónomas.

Este tema se ha convertido en un mero tema político, alimentado en tiempos electorales, resuélvase de manera política, porque el debate profesional ha sido suplantado y olvidado. Las Juntas y Comisiones técnicas que han opinado sobre este tema, Junta Superior de Archivos y Comisión creada para este efecto, están formadas casi en su totalidad por historiadores que son simplemente usuarios de los archivos y han olvidado intencionadamente a los profesionales.

Añadida a esta cuestión esta la desafortunada intervención de los representantes de las Instituciones Locales, Autonómicas y de la Administración General del Estado.

El Ayuntamiento de Salamanca abandera una lucha por documentación de otras titularidades cuando presta muy poca atención a su propio Patrimonio Documental que es el que en esencia conserva los derechos y la memoria de los salmantinos y el "verdaderamente nuestro"; y no el que dice el señor alcalde. En una reciente negociación con el Obispado se desalojó al Archivo Histórico Municipal del Palacio del Obispo trasladando sus fondos a los inadecuados sótanos de la Biblioteca Torrente Ballester. La documentación semiactiva esta en condiciones lamentables de conservación en el ruinoso Colegio de la Salle y las oficinas municipales se encuentran colapsadas de documentos que no saben donde enviar. Ante esta situación la oposición municipal se
sorprende de este hecho que debiera conocer, puesto que ha venido siendo denunciado por los sectores profesionales desde hace muchos años.

Por su parte la Administración Autonómica se rasga las vestiduras por el tema en cuestión, cuando incumple su propia normativa archivística. Después de catorce años, la Ley de Archivos y Patrimonio Documental es de 1991, no ha desarrollado su propio
Sistema Archivístico, no lo ha dotado de medios técnicos ni personales. Ha puesto en marcha dos Planes de Intervención en el Patrimonio Documental, cuyas propuestas se incumplieron en el primero de ellos y en el segundo lleva el mismo camino.

Por otra parte la Administración General del Estado se ha visto sorprendida por la descentralización administrativa surgida tras la Constitución. No ha sabido adaptar su propio Sistema Archivístico a la nueva realidad, carece de una normativa aglutinadora, si excluimos el famoso Reglamento de 1901, de los archivos estatales, existe de hecho una falta de coordinación entre ellos; unos dependen del Ministerio de Cultura otros de cada Ministerio, con la existencia de Subsistemas independientes y autónomos, y en
definitiva una ausencia total de política archivística de Estado.

En resumen, a nadie le preocupan los archivos ni la política archivística que se ha convertido en arma arrojadiza y moneda de cambio en tiempos electorales. No olvidemos que la documentación archivística es una prueba incomoda de las actuaciones políticas.
Los documentos de archivo surgen con el desarrollo cotidiano y habitual en las actividades de gestión de instituciones y personas, se conservan para estos fines administrativos y por su valor probatorio de derechos y deberes de sus productores y de los ciudadanos a los que tienen que servir en primer lugar. Constituyen asimismo un elemento indispensable como memoria de las entidades que los han producido y de las sociedades en que se hallan inmersas y una herramienta fundamental para construir la historia.

La solución al tema de los Archivos en general, pasa por soluciones políticas consensuadas y dialogadas, diseño de políticas archivísticas globales, un debate técnico desapasionado que ponga en marcha los Sistemas Archivísticos, en los casos citados. Dótese a la Administración General de la Normativa necesaria, créese un Organismo responsable de la Coordinación Archivística, y adscríbanse los archivos a otros organismos distintos a los culturales. Cumpla su propia normativa la Comunidad Castellano Leonesa y de ejemplo el Ayuntamiento antes de reclamar documentación de otras titularidades.

El debate tiene que ser amplio y redefinir las políticas archivísticas para adecuarlas a la realidad social y administrativa. La Administración pública del siglo XXI debe ser moderna, eficaz, cercana a los ciudadanos y totalmente transparente, solo así podrá cumplir los fines constitucionales y servir al bien común.

Para ello los archivos son el medio privilegiado, descuidar los archivos es obstaculizar el ejercicio de los derechos democráticos de todos los ciudadanos. Quizás no sea casual la falta de políticas en este campo, ni los debates artificiales y las cortinas de humo, y exista en algunos organismos y sectores políticos una idea
oscurantista heredada de otros tiempos.

Consejo de Administración, Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)

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